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Con el golpe de Estado al presidente ingeniero Arturo Araujo en diciembre de 1931, llegó a la presidencia el General Maximiliano Hernández Martínez.
Desde entonces, hasta el 15 de octubre de 1979, el país fue gobernado oficialmente por regímenes militares caracterizados por ser altamente coercitivos.
Antes de la medianoche del 22 de enero de 1932, unos 500 hombres -en su mayoría indígenas y campesinos- irrumpieron en las oficinas de telégrafos, alcaldías y tiendas de localidades, se centró en seis localidades: Tacuba; Ahuachapán; Juayúa-Salcoatitán-Nahuizalco; Sonsonate-Sonzacate; Izalco y Colón.
Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó una comisión para que redactara una convención de derechos humanos.
El Salvador se convirtió en uno de los 48 Estados que votó a favor de esta declaración y la firmó.
A finales de la década de 1960, la población total del país era de 3 millones y 300 mil habitantes; y solo un 2 % poseía más del 60 % de tierras cultivables. Además, no había suficiente empleo, por lo que miles de salvadoreños cruzaron la frontera hacia la República de Honduras, en donde destacaban como una mano de obra barata y mejor calificada.
Ese año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y tras el desgaste al que había llegado el PCN, distintas organizaciones se unieron llevando como candidato al ingeniero José Napoleón Duarte, en una coalición llamada Unión Nacional Opositora (UNO).
La masacre de La Cayetana ocurrió en noviembre de 1974, en una comunidad de familias campesinas, cerca de las faldas del volcán de San Vicente. Fue la primera masacre de esta naturaleza cometida por las fuerzas armadas en El Salvador.
El movimiento estudiantil fue altamente reprimido en el decenio de los setenta, cuando en El Salvador se vivía un alto grado de polarización política; pero el peor de los eventos en su contra ocurrió el 30 de julio de 1975, cuando el coronel Arturo Armando Molina gobernaba el país.
El padre Rutilio Grande fue uno de los sacerdotes interesados en acercarse más al pueblo y al sentir de la gente, cuando se dio la renovación de la Iglesia Católica en la década de los sesenta.
Para las elecciones del 20 de febrero de 1977, tres partidos políticos se unieron y formaron la denominada Unión Nacional Opositora (UNO), con el coronel Ernesto Antonio Claramount Rozeville como candidato.
Las tensiones y contradicciones al interior de la sociedad salvadoreña se incrementaron, a tal punto que el gobierno utilizó la represión para confrontar las protestas de la población.
El Golpe de Estado de octubre de 1979 y la falta de consenso fueron algunos de los detonantes que propiciaron el inicio de la guerra civil. Sólo en ese año se registraron 17 mil muertes violentas y aumentaron los secuestros.
Las masacres y las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado estuvieron asociadas, en su mayoría, a estructuras vinculadas al Estado (incluyendo el trabajo de inteligencia), cuerpos de seguridad o grupos paramilitares.
El 15 de octubre de 1984, con la mediación de la Iglesia Católica, el gobierno convocó al FMLN-FDR a reunirse en La Palma, Chalatenango, pero no hubo mayores logros ni acuerdos.
El 31 de octubre de 1989 se llevaron a cabo dos atentados con explosivos a dos organizaciones populares, consideradas por el gobierno como “fachadas del FMLN”.
En la madrugada del 16 de noviembre, miembros del Batallón Atlacatl ingresaron al Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para asesinar a seis sacerdotes jesuitas y a dos trabajadoras domésticas (madre e hija).
El proceso de diálogo que llevó a la firma de los Acuerdos de Paz puede dividirse en dos etapas:
– La primera es la de los diálogos previos que va de 1984 a 1987, en la cual ambas partes se reunieron convocadas, sobre todo, por la Iglesia Católica de El Salvador, representada por el arzobispo monseñor Arturo Rivera y Damas. En estos diálogos los resultados fueron más políticos que concretos puesto que las partes reafirmaron su disponibilidad para el diálogo; pero los enfrentamientos armados estaban en pleno apogeo.
La Comisión de la Verdad fue creada en 1991 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Su objetivo primordial fue investigar y publicar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada y la Guerrilla, en el contexto de la guerra civil.
Agradecemos las colaboraciones de los siguientes aliados y organizaciones, quienes apoyaron con materiales de archivo multimedia (imágenes, audiovisuales, periódicos, suplementos e investigaciones) para dar vida a esta sección educativa.
Los contenidos se construyeron a partir de ejercicios de cocreación con organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación del Ministerio de Cultura, y un proceso de consulta con especialistas en historia y antropología.
Con el golpe de Estado al presidente ingeniero Arturo Araujo en diciembre de 1931, llegó a la presidencia el General Maximiliano Hernández Martínez.
Desde entonces, hasta el 15 de octubre de 1979, el país fue gobernado oficialmente por regímenes militares caracterizados por ser altamente coercitivos.
El primer régimen militar fue el del general Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la represión y Masacre de 1932, a raíz del levantamiento de indígenas, campesinos y comunistas.
Hernández Martínez se perpetuó en el poder durante trece años, durante los cuales predominaron las represiones a la oposición política, la falta de libertad de prensa y la ausencia de libertades individuales.
Entre 1944 y 1948, tras la Huelga de Brazos Caídos que derrocó a Hernández Martínez, militares reformistas propiciaron un Golpe de Estado a Castaneda Castro en 1948.
El golpe de Estado al general Salvador Castaneda Castro en 1948 dio lugar a la redacción de una nueva Constitución Política en 1950, la primera en la historia salvadoreña que incluía derechos para los trabajadores, prestaciones sociales y contemplaba el voto femenino.
Los presidentes elegidos bajo el nuevo régimen constitucional fueron, el coronel Óscar Osorio Hernández y el teniente coronel José María Lemus, apostaron por la creación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto de Vivienda Urbana (IVU).
Con el derrocamiento del presidente Lemus terminaron los gobiernos militares del Partido Revolucionario para la Unificación Democrática (PRUD), que tuvo su origen en los hechos de 1948.
A raíz de esta crisis política se redactó una nueva Constitución Política en 1962, e inició una tercera etapa dentro de los regímenes militares, con los gobiernos del Partido de Conciliación Nacional (PCN).
A inicios de 1961 la Junta de Gobierno que derrocó al presidente José María Lemus prometió elecciones libres, sin partido oficial.
El Directorio Cívico Militar asumió el poder con un golpe de Estado e impuso la ley marcial, fallando a la promesa antes expuesta. Una manifestación de apoyo a la Junta de Gobierno fue reprimida. El nuevo gobierno fue constituido por los coroneles Julio Adalberto Rivera y Aníbal Portillo, junto con los civiles Feliciano Avelar, José Antonio Rodríguez Porth y José Francisco Valiente.
En diciembre de 1961 los coroneles Rivera y Portillo fundaron el Partido de Conciliación Nacional (PCN).
En abril de 1962 se realizaron las elecciones presidenciales y el coronel Julio Adalberto Rivera, al no tener contrincantes, asumió el poder.
El Partido de Conciliación Nacional (PCN) se caracterizó por escalar la represión y por mantenerse en el poder de forma fraudulenta.
En este período aparecieron los cuerpos paramilitares y los escuadrones de la muerte, y así se dio paso a las desapariciones forzadas y a las torturas.
El PCN se mantuvo en el poder hasta 1979, bajo el mandato del presidente Carlos Humberto Romero, quien fue derrocado el 15 de octubre, cuando también fue obligado a dejar el país. Este ha sido el último golpe de Estado ocurrido en El Salvador.
Antes de la medianoche del 22 de enero de 1932, unos 500 hombres -en su mayoría indígenas y campesinos- irrumpieron en las oficinas de telégrafos, alcaldías y tiendas de localidades, se centró en seis localidades: Tacuba; Ahuachapán; Juayúa-Salcoatitán-Nahuizalco; Sonsonate-Sonzacate; Izalco y Colón.
Existía un descontento generalizado en la población indígena/campesina, por cómo las tierras más valiosas solo pertenecían a los grandes cafetaleros, quienes los obligaban a trabajar por salarios muy bajos y en precarias condiciones.
Para entonces, entre 30 y 40 familias eran propietarias de las tierras de casi todo El Salvador.
Este alzamiento dejó aproximadamente 100 muertos, sobre todo terratenientes y oficiales militares. Pero la represión militar que vino después por parte del gobierno salvadoreño y la fuerza armada, justificando que se estaba dando un “levantamiento comunista”, se saldó con una cifra de muertes que sigue estando en debate que va de 10 mil a 12 mil personas asesinadas, principalmente de origen indígena.
El 18 de diciembre de 1931, en una residencia de la ciudad de San Salvador, fueron capturados el líder político y uno de los fundadores del Partido Comunista Augustín Farabundo Martí y los universitarios Alfonso Luna y Mario Zapata. Este fue un hecho decisivo que precedió al alzamiento indígena/campesino de enero de 1932.
Luego, el 31 de enero de 1932, un consejo de guerra acusó de traición y rebelión a Martí, quien murió fusilado a las 7:00 a.m. del 1 de febrero en una explanada al norte del cementerio general de San Salvador.
Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó una comisión para que redactara una convención de derechos humanos.
El Salvador se convirtió en uno de los 48 Estados que votó a favor de esta declaración y la firmó.
A finales de la década de 1960, la población total del país era de 3 millones y 300 mil habitantes; y solo un 2 % poseía más del 60 % de tierras cultivables. Además, no había suficiente empleo, por lo que miles de salvadoreños cruzaron la frontera hacia la República de Honduras, en donde destacaban como una mano de obra barata y mejor calificada.
Luego de la guerra contra Honduras, en julio de 1969, el tema de una reforma agraria en El Salvador causaba extrema polémica entre los sectores de la sociedad con mayor poder adquisitivo, quienes junto a la empresa privada abandonaron la mesa de negociación convocada por el gobierno en enero de 1970.
En medio de dichas conversaciones, el sacerdote católico José Inocencio Alas, que representaba a los campesinos, fue secuestrado y torturado. Fue liberado, gracias a la presión de la Iglesia, pero nunca llegó a saberse exactamente quiénes perpetraron el hecho, ni los autores intelectuales del mismo.
En marzo de 1980 inició la expropiación, compensación y transferencia de propiedades. La tierra pasó a manos de cooperativas campesinas, bajo la supervisión del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).
Se declaró Estado de Sitio y se enviaron tropas al campo para ocupar las propiedades intervenidas. Algunos terratenientes lograron evadir el traspaso; pero en total fue transferida una quinta parte de las tierras del país a más de 95 mil beneficiarios.
Ese año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y tras el desgaste al que había llegado el PCN, distintas organizaciones se unieron llevando como candidato al ingeniero José Napoleón Duarte, en una coalición llamada Unión Nacional Opositora (UNO).
Aunque todo apuntaba que la UNO había ganado las elecciones, el régimen militar recurrió al fraude electoral anunciando como ganador al coronel Arturo Armando Molina.
Hubo protestas civiles, pero fueron duramente reprimidas. Se intentó, incluso, un golpe de Estado que fue impedido por los militares, obligando al ingeniero Duarte a exiliarse.
Casi al final de la década de 1970, en julio de 1979 un suceso aceleró el proceso de guerra: los sandinistas y su triunfo revolucionario. La consigna rezaba: “si Nicaragua venció,
El Salvador vencerá”.
La Universidad de El Salvador, sus docentes y estudiantes, sufrieron represión y varias intervenciones militares por su papel crítico ante los gobiernos.
Ese año el presidente teniente coronel José María Lemus ordenó la intervención por parte de los cuerpos armados del Estado. Usaron bombas lacrimógenas y varios estudiantes fueron golpeados por protestar contra el gobierno militar.
Además, fueron destruidos equipos de imprenta y fue capturado el rector de la universidad, Dr. José Napoleón Rodríguez Ruiz. Este hecho dejó una persona asesinada.
La Asamblea Legislativa autorizó al presidente coronel Arturo Armando Molina para intervenir la Universidad de El Salvador. Los militares irrumpieron en la ciudad universitaria con tanquetas y armas de alto calibre.
Fueron apresadas cientos de personas, incluyendo al rector de la universidad, Dr. Rafael Menjívar Larín y el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Dr. Fabio Castillo Figueroa. Además, fueron quemados aquellos libros que consideraban que alteraban el orden social.
Previamente, se había realizado una campaña difamatoria contra la institución, sus estudiantes y catedráticos acusándolos de difundir doctrinas comunistas.
Esta vez, fue por orden de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El rector, ingeniero Félix Antonio Augusto Ulloa, fue asesinado, en un ataque perpetrado por un grupo armado paramilitar en octubre de 1980.
La intervención se alargó por cuatro años, convirtiéndose en la más larga de la historia.
No obstante, la comunidad universitaria siguió siendo sujeta de represión y persecución a lo largo de toda la guerra civil.
La masacre de La Cayetana ocurrió en noviembre de 1974, en una comunidad de familias campesinas, cerca de las faldas del volcán de San Vicente. Fue la primera masacre de esta naturaleza cometida por las fuerzas armadas en El Salvador.
La masacre resultó como respuesta, por parte de las fuerzas militares del Estado salvadoreño, a la organización de los campesinos, quienes se veían forzados a trabajar para los terratenientes en condiciones desfavorables.
Fue un joven sacerdote católico, quien los alentó a organizarse, formando un sindicato de trabajadores agrícolas.
Las ideas de cambios en la relación patrono-trabajador se difundieron en el rotativo “El Rebelde” e iniciaron huelgas exigiendo mejoras salariales y el arrendamiento de tierras para producir alimento para su consumo; pero los terratenientes se negaron a estas demandas.
Como medida de protesta, algunos campesinos devastaron varias hectáreas de algodón en horas de la noche y quemaron hectáreas de caña. Entonces los dueños de las propiedades destruidas buscaron a la Guardia Nacional, un cuerpo altamente represivo del Estado, para investigar y someter a los campesinos.
Fueron allanadas varias viviendas de los campesinos en la búsqueda de los líderes de los alzamientos y fue capturado una persona que en su morada fue hallada una colección del rotativo “El Rebelde”. Sin embargo, éste fue liberado porque los demás campesinos impidieron que los militares salieran del lugar.
Tres días más tarde de este incidente, regresaron las fuerzas armadas y concentraron a los lugareños en un campo de fútbol donde golpearon y asesinaron a seis de ellos; luego los mutilaron. Más tarde, sus cadáveres fueron encontrados en estado de putrefacción.
De 28 hombres campesinos que fueron capturados por los militares, 14 fueron liberados desnudos en la carretera. Los otros 14 estuvieron desaparecidos casi una semana sin que nadie de las autoridades diera referencia de su paradero a los familiares y, tras varios días de tortura, fueron liberados. Algunos murieron poco después a causa de las lesiones producidas en su cautiverio.
El movimiento estudiantil fue altamente reprimido en el decenio de los setenta, cuando en El Salvador se vivía un alto grado de polarización política; pero el peor de los eventos en su contra ocurrió el 30 de julio de 1975, cuando el coronel Arturo Armando Molina gobernaba el país.
El 26 de julio las fuerzas militares cerraron el campus de la Universidad de El Salvador, sede Santa Ana, para evitar una marcha estudiantil que incluía un “show bufo” para ridiculizar al gobierno.
En respuesta, el movimiento estudiantil del campus central en San Salvador decidió marchar el día 30 hacia el parque Libertad; pero militares, policías y miembros de la Guardia Nacional los interceptaron y les dispararon con armas de fuego.
Posteriormente, otros estudiantes fueron acorralados y atropellados con tanquetas en la 25 avenida norte, cerca del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). A la fecha se desconoce el número oficial de víctimas.
