Con el golpe de Estado al presidente ingeniero Arturo Araujo en diciembre de 1931, llegó a la presidencia el General Maximiliano Hernández Martínez.
Desde entonces, hasta el 15 de octubre de 1979, el país fue gobernado oficialmente por regímenes militares caracterizados por ser altamente coercitivos.
Antes de la medianoche del 22 de enero de 1932, unos 500 hombres -en su mayoría indígenas y campesinos- irrumpieron en las oficinas de telégrafos, alcaldías y tiendas de localidades, se centró en seis localidades: Tacuba; Ahuachapán; Juayúa-Salcoatitán-Nahuizalco; Sonsonate-Sonzacate; Izalco y Colón.
Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó una comisión para que redactara una convención de derechos humanos.
El Salvador se convirtió en uno de los 48 Estados que votó a favor de esta declaración y la firmó.
A finales de la década de 1960, la población total del país era de 3 millones y 300 mil habitantes; y solo un 2 % poseía más del 60 % de tierras cultivables. Además, no había suficiente empleo, por lo que miles de salvadoreños cruzaron la frontera hacia la República de Honduras, en donde destacaban como una mano de obra barata y mejor calificada.
Ese año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y tras el desgaste al que había llegado el PCN, distintas organizaciones se unieron llevando como candidato al ingeniero José Napoleón Duarte, en una coalición llamada Unión Nacional Opositora (UNO).
La masacre de La Cayetana ocurrió en noviembre de 1974, en una comunidad de familias campesinas, cerca de las faldas del volcán de San Vicente. Fue la primera masacre de esta naturaleza cometida por las fuerzas armadas en El Salvador.
El movimiento estudiantil fue altamente reprimido en el decenio de los setenta, cuando en El Salvador se vivía un alto grado de polarización política; pero el peor de los eventos en su contra ocurrió el 30 de julio de 1975, cuando el coronel Arturo Armando Molina gobernaba el país.
El padre Rutilio Grande fue uno de los sacerdotes interesados en acercarse más al pueblo y al sentir de la gente, cuando se dio la renovación de la Iglesia Católica en la década de los sesenta.
Para las elecciones del 20 de febrero de 1977, tres partidos políticos se unieron y formaron la denominada Unión Nacional Opositora (UNO), con el coronel Ernesto Antonio Claramount Rozeville como candidato.
Las tensiones y contradicciones al interior de la sociedad salvadoreña se incrementaron, a tal punto que el gobierno utilizó la represión para confrontar las protestas de la población.
El Golpe de Estado de octubre de 1979 y la falta de consenso fueron algunos de los detonantes que propiciaron el inicio de la guerra civil. Sólo en ese año se registraron 17 mil muertes violentas y aumentaron los secuestros.
Las masacres y las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado estuvieron asociadas, en su mayoría, a estructuras vinculadas al Estado (incluyendo el trabajo de inteligencia), cuerpos de seguridad o grupos paramilitares.
El 15 de octubre de 1984, con la mediación de la Iglesia Católica, el gobierno convocó al FMLN-FDR a reunirse en La Palma, Chalatenango, pero no hubo mayores logros ni acuerdos.
El 31 de octubre de 1989 se llevaron a cabo dos atentados con explosivos a dos organizaciones populares, consideradas por el gobierno como “fachadas del FMLN”
En la madrugada del 16 de noviembre, miembros del Batallón Atlacatl ingresaron al Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para asesinar a seis sacerdotes jesuitas y a dos trabajadoras domésticas (madre e hija).
El proceso de diálogo que llevó a la firma de los Acuerdos de Paz puede dividirse en dos etapas:
– La primera es la de los diálogos previos que va de 1984 a 1987, en la cual ambas partes se reunieron convocadas, sobre todo, por la Iglesia Católica de El Salvador, representada por el arzobispo monseñor Arturo Rivera y Damas. En estos diálogos los resultados fueron más políticos que concretos puesto que las partes reafirmaron su disponibilidad para el diálogo; pero los enfrentamientos armados estaban en pleno apogeo.
La Comisión de la Verdad fue creada en 1991 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Su objetivo primordial fue investigar y publicar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Armada y la Guerrilla, en el contexto de la guerra civil.
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Los contenidos se construyeron a partir de ejercicios de cocreación con organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación del Ministerio de Cultura, y un proceso de consulta con especialistas en historia y antropología.